Estela Lemes es la docente de una escuela rural en el Departamento Gualeguaychú que en 2012 había denunciado penalmente al propietario de un campo lindero a la escuela Nº 66 Bartolito Mitre, ubicada en la costa Uruguay sur, por las permanentes fumigaciones que vienen afectando, del establecimiento en época de clases a más de 80 alumnos. El accionar de la avioneta que en aquella primavera roció con productos químicos a la escuela dejó serias secuelas en la maestra. No solo sufrió los síntomas característicos que generan los agrotóxicos, tales como irritación y problemas en la piel, sino que el veneno ingresó a su sangre. En enero de este año, en un artículo publicado por el diario Uno de Paraná, se confirmó lo peor: un estudio bioquímico realizado por el Instituto de Análisis Fares Taie, que funciona en Mar del Plata, reveló la presencia clorpirifos etil en su cuerpo, un insecticida que se utiliza para controlar las plagas de insectos. A pesar de su compromiso con la lucha en defensa del ambiente y por mejorar la calidad educativa de sus alumnos, la profesora Lemes siente que la Justicia no la acompaña en la misma medida. Es que hace pocos días se enteró en una visita al Juzgado de Gualeguaychú que la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente había “desestimado” su denuncia de 2012. “El documento sostiene que fumigaron con otro producto, que no se trataría de un insecticida, entonces sería imposible que yo tenga el insecticida en sangre. ¿Pero, qué pasa? Cuando la Ufima vino a hacer el control a la zona fumigada ya había pasado más de un mes, estuvieron con el aplicador, pero él no le va a decir a ciencia cierta con qué fumigó”, explicó indignada la docente. Otra de las cuestiones con las que discrepa la maestra es lo que el dictamen sostiene sobre la distancia de fumigación: según la Ufima el parámetro que utilizaron los aplicadores para fumigar “estaba bien”, una afirmación que rechaza Lemes porque “el viento soplaba para el lado de la escuela” lo que constataron los policías de Abigeato que realizaron la verificación, publicó el diario Uno. “De todas maneras voy a repetir el análisis porque en enero tengo que ir a Mar del Plata. Lo voy a hacer porque la dueña del campo dice que nunca viví en la escuela y que ellos nunca fumigaron. Y tengo cómo constatar que viví en la escuela once años y tengo el video de 2010 cuando con una avioneta fumigó por arriba de la escuela”, advirtió la docente que se convirtió en pionera contra las fumigaciones sin control. Desprolijidades La decepción es el primer sentimiento que invade a la maestra rural. Recordó que la misma causa “había sido cerrada por falta de pruebas”. “Cuando pedí una copia del expediente, al final del mismo, había una foja que pertenecía a otra causa. Una desprolijidad total”, se indignó. Esta vez para su sorpresa al regresar al Juzgado, comprobó que había ocurrido lo mismo, se encontró con la foja de una causa diferente.  “El 30 de setiembre habían enviado este dictamen. La Ufima lo hace en un informe global con dos escuelas más”, explicó la docente que espera revertir la situación judicial. Estela Lemes también relató que su salud empeora con el paso del tiempo y que si bien al principio el efecto de las fumigaciones no fueron tan significativos, ahora presenta grandes problemas respiratorios y pierde el equilibrio: se ha caído cuatro veces. Por otro lado, planteó que requiere de cobertura médica para encarar un tratamiento. “Quiero que mi ART se haga cargo de lo que me pasa. Ningún médico se anima a hacerme un certificado con mi actual diagnóstico”.