Las familias, todas con hijos menores, se colocaron con sus equipajes en la céntrica Plaza Independencia, frente a la sede del Ejecutivo, y explicaron que quieren irse de Uruguay, un país que les resulta muy caro para vivir.
También admitieron que se les hace difícil adaptarse al país y criticaron el programa para refugiados lanzado por José Mujica durante su mandato (2010-2015).
“Tengo 15 hijos, uno solamente trabaja. ¿Cómo podemos vivir así? No tenemos suficiente para comprar alimentos”, dijo un hombre que se identificó como Maraa el-Chibli, de 55 años.
“No dejamos la guerra para morir aquí de pobreza”, expresó a su lado Maher el-Dis, de 36 años, quejándose de las subas de precio de los alimentos de la canasta básica.
“Gente buena, pero muy caro”, dijo sobre Uruguay otro de los jefes de familia, Ibrahim Mohamed, quien llevaba a una hija pequeña en brazos mientras dialogaba con periodistas.

# El dinero que perciben

Desde que arribaron a Uruguay en octubre pasado desde un campo de refugiados en Líbano, estas familias sirias que huyeron de la guerra en su país reciben un subsidio del gobierno cuyo monto depende del número de integrantes del núcleo familiar.
Consultado sobre los reclamos económicos de los refugiados, el secretario de Derechos Humanos de la Presidencia, Javier Miranda, manifestó que el dinero que entrega el Estado “está calculado de tal forma que permite efectivamente vivir”.
El subsidio se divide en dos partes: un fondo mensual con un tope de 25.000 pesos por familia (unos 900 dólares) para gastos de vestimenta, transporte y enseres que cobran contra presentación de comprobantes durante el primer año de estadía en el país y un monto fijo de un mínimo de 29.000 pesos (unos 1.000 dólares) que puede ser superior en función del número de integrantes de cada familia, durante dos años. Además tienen servicios de salud y educación gratuita.
Los fondos pueden acumularse a cualquier ingreso por trabajo que perciban.
“Hay incertidumbre. Cualquier proceso de inserción social genera incertezas. Es totalmente entendible”, resumió Miranda.
Uno de los jefes de familia reconoció las dificultades que experimentan para adaptarse a su país de acogida.
“Queremos vivir con nuestra identidad y con nuestros valores”, explicó entre lágrimas y a través de un traductor Maraa el-Chibli.
“No estamos acá para que prueben con nosotros” si este programa funciona, dijo el hombre a periodistas apostados en el lugar.
Ya no quiero más un salario, quiero regresar a mi país, incluso si hay muerte. Ya estoy cansado. Quiero regresar”, añadió.
“Queremos al pueblo de Uruguay. Nos ayudaron y le damos gracias. Pero el programa del gobierno es malo, está equivocado", opinó de su lado Maher el-Dis.


# Reunión con funcionarios

El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, recibió a los refugiados en el edificio sede de gobierno en la tarde de este lunes.
Aún se desconocen los resultados de la reunión.
Las familias, con hijos pequeños, se instalaron con sus equipajes delante de la sede de la Presidencia y señalaron que permanecerán en el lugar hasta que puedan salir de Uruguay.
Una de las familias sirias intentó dejar el país recientemente para dirigirse a Serbia, pero resultó retenida durante 23 días en un aeropuerto de Turquía por problemas de visados y fue enviada a su punto de partida.
El gobierno de Tabaré Vázquez, que sucedió a Mujica el primero de marzo, confirmó su decisión de recibir un nuevo contingente de refugiados de la guerra en Siria antes de fin de año.
El plan iniciado el año pasado implica recibir en el país a un total de 117 personas, todas familias con niños.
El primer grupo, que hoy protesta frente a la Presidencia, arribó al país en octubre de 2014.
El segundo contingente estará compuesto por 72 personas de siete familias.
Aún no hay fecha exacta para su llegada, pero se sabe que será en el último trimestre del año.
Funcionarios del gobierno consultados por AFP no esconden su preocupación por el impacto que esta protesta -que ocurre en paralelo a la crisis de los refugiados sirios en Europa- pueda tener en la opinión pública local, dividida sobre el apoyo al programa de Mujica.